Mas de 100 enmiendas agitan el Senado de EE. UU.

Se han presentado más de 100 enmiendas a la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Digital Asset Market Clarity Act) antes de la sesión de votación programada por el Comité Bancario del Senado para el 14 de mayo de 2026. Este volumen de propuestas indica que el proyecto de ley ha entrado en una fase de negociación real y no en un simple trámite procedimental.

La presencia de enmiendas de tres dígitos en esta etapa significa que el texto legislativo está vivo, es objeto de disputa y está siendo remodelado en tiempo real por intereses institucionales contrapuestos.

La sesión de debate, programada para las 10:30 a.m. en la sala Dirksen 538, ocurre tras la aprobación bipartidista del proyecto en la Cámara de Representantes el 17 de julio de 2025, con una votación de 294 a 134. La Casa Blanca ha señalado el 4 de julio de 2026 como fecha objetivo para la firma presidencial, un plazo que otorga al Senado aproximadamente siete semanas para resolver las disputas que ya han descarrilado dos sesiones previas de votación.

Lo que revelan las más de 100 enmiendas sobre las fisuras de la Ley CLARITY

El volumen de enmiendas no es ruido irrelevante; mapea con una precisión inusual los puntos donde los redactores del proyecto dejaron margen de negociación y donde no lo hicieron.

Las disposiciones más disputadas se agrupan en cuatro áreas: el tratamiento de los rendimientos de las stablecoins, la responsabilidad de los protocolos DeFi, la clasificación de los mezcladores de activos digitales y las protecciones legales para desarrolladores de software bajo las disposiciones de la Ley de Certeza Regulatoria de Blockchain, integradas en la estructura ampliada de nueve títulos del Senado.

Varios senadores demócratas, incluidos Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, Angela Alsobrooks y Raphael Warnock, han impulsado enmiendas éticas. Estas buscan prohibir que los funcionarios públicos y sus familias obtengan beneficios de stablecoins o criptomonedas mientras ocupan sus cargos, además de imponer restricciones para evitar que las grandes empresas tecnológicas emitan sus propias stablecoins.

Las enmiendas de Van Hollen sobre “anticorrupción” y divulgación “anti-promoción” se presentan como medidas de protección al consumidor. Por otro lado, republicanos como Cynthia Lummis, Bill Hagerty y Thom Tillis consideran este enfoque como un intento deliberado de hundir el proyecto, con un lenguaje ético lo suficientemente amplio como para suprimir votos demócratas en el pleno sin ser negociable en su esencia.

El debate sobre el rendimiento de las stablecoins es técnicamente específico: las enmiendas cuestionan si el lenguaje del proyecto que prohíbe el pago de intereses debería incluir la palabra “exclusivamente”. Esta distinción de una sola palabra determinará si los productos de stablecoins que generan rendimientos son estructuralmente legales o están categóricamente prohibidos. No se trata de un detalle de redacción, sino de una decisión de estructura de mercado que vale miles de millones en ingresos para los emisores que ya operan en ese espacio.

La arquitectura jurisdiccional de la Ley CLARITY se mantiene como su núcleo estructural: la CFTC tendría autoridad exclusiva sobre los mercados al contado (spot) y de efectivo para “commodities digitales” en blockchains descentralizadas, mientras que la SEC conservaría la supervisión primaria sobre los contratos de inversión y la recaudación de fondos. Analistas señalan que la mayoría de las enmiendas son tácticas de negociación que difícilmente sobrevivirán a la votación del comité; la verdadera incógnita es cuáles funcionan como concesiones encubiertas.

¿Qué logrará avanzar y qué podría estancarse en el pleno?

Si el Comité Bancario aprueba el proyecto el 14 de mayo con un lenguaje ético aceptable para los demócratas —probablemente una versión acotada dirigida a conflictos específicos en lugar de una prohibición categórica—, el Comité de Agricultura del Senado procedería con su propio debate, manteniendo el calendario hacia el 4 de julio.

Sin embargo, si la coalición de Warren exige la disposición ética como requisito indispensable y los republicanos se niegan a incorporarla, el proyecto saldría del comité dividido por líneas partidistas. Esto lo enfrentaría a un umbral de cierre de debate de 60 votos que actualmente no parece capaz de superar.

La oposición del sector bancario a las protecciones para DeFi añade otro vector de presión. Los bancos argumentan que las protecciones de responsabilidad para desarrolladores crean un arbitraje regulatorio, permitiendo que los protocolos DeFi operen sin la infraestructura de cumplimiento que las instituciones autorizadas deben mantener. Si este argumento convence a los demócratas moderados, las disposiciones de la Ley de Certeza Regulatoria de Blockchain podrían ser eliminadas o diluidas, fracturando la coalición de la industria cripto que ha sido la fuerza de cabildeo más constante en el Senado.

El impulso bipartidista es real —78 demócratas de la Cámara de Representantes votaron a favor— y el marco de reservas para stablecoins de la Ley CLARITY atrajo el apoyo de miembros que anteriormente se oponían a la legislación cripto. No obstante, los votos de la Cámara no se trasladan automáticamente a la aritmética del Senado. El cálculo de los 60 votos es la variable decisiva, y todo parece depender de la enmienda ética.

La votación del comité el 14 de mayo será la primera señal clara sobre si este Congreso entregará un marco estructural para el mercado cripto antes de que el calendario legislativo se estreche. Todo lo que ocurra después dependerá de lo que produzca el debate y de qué enmiendas logren sobrevivir.

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